Gallardón no tiene el ‘culo pelao’

(Imagen de elsitiadodemadrid.blogia.com)

Absolutamente perplejo y profundamente desencantado me quedo tras conocer las reformas con las que el ministro de Justicia, señor Gallardón, pretende acometer la reforma de la justicia.

Aunque con sinceridad, poco más se podía esperar de un fiscal que nunca ha ejercido como tal. Quizá no tenga tan siquiera pasión por la materia.

Utilizando el símil futbolístico y discúlpenme la expresión soez, España necesita para mejorar la justicia, como decía Luis Aragonés, alguien que tenga “el culo pelao,” de sentarse en estrados.

En muchas ocasiones he conocido personas que han contratado los servicios de abogados de renombre y elevadas pretensiones remuneratorias, que a la hora de celebrar el juicio envían en su nombre a un pasante. “Es que don Fulanito es tan bueno que él no va a Sala,”, argumentan sus clientes, quizá buscando ellos mismos una justificación que les permita no quedar como tontos. También se escucha: “Don Menganito sabe tanto que no lleva bien que los jueces que saben menos lo contradigan, y por eso no va,”. Perfecto, pues como nadie se ha esforzado en enseñar a ese juzgador (si es que lo necesita), ya sabe usted lo que le espera.

Esos son los "figuras," que desmerecen nuestra profesión. No me cansaré de decir que los mejores profesionales son los que están en el turno de oficio. Y pueden creerme, no lo están por motivos económicos, ya que en absoluto compensa. La verdadera razón es una mezcolanza de inquietudes personales y esfuerzo por estar actualizado. El turno proporciona agilidad procesal, así como trato directo con compañeros, jueces y fiscales. El abogado de turno de oficio está preparado para dar lo mejor ante cualquier eventualidad o exigencia. Quien no va a Sala, no sabe ni de qué va esto, por mucho boato que de cara al exterior quiera darse. Por eso sufrirá serios reveses, comentados con sorna por el resto del colectivo.

Gallardón salvando las diferencias adolece de lo mismo. Ni siquiera ha conocido el proceso actual. Nuestra ley de enjuiciamiento civil data del año 2000, y supuso una transformación radical, cambiando el modelo hacia la oralidad, cuando antes primaban los trámites escritos.

En ese año el Ministro de Justicia era presidente de la Comunidad de Madrid, habiendo sido antes concejal del Ayuntamiento de dicha villa en el año 1983. Las oposiciones a fiscal las había aprobado un año antes en 1982, por lo que sirvió como tal durante un brevísimo periodo de tiempo en la Audiencia Provincial de Málaga.

La solución que propone para reducir la litigiosidad es introducir el copago a partir de la segunda instancia, lo que según dice, actuará de forma disuasoria respecto al abuso de la figura del recurso.

No le va a ser difícil implantarlo, aunque ustedes a buen seguro van a escuchar voces en los próximos días diciendo que atenta la medida contra el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.

No es cierto, ya que nuestro Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el particular repetidamente, aunque por cuestiones de forma y plazo: “Mientras el derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada goza de una protección constitucional en el artículo 24.1 CE, el derecho a la revisión de esta resolución es, en principio y dejando a salvo la materia penal, un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el principio pro actione,".

Gallardón no busca reducir la litigiosidad, sino poner una máquina tragaperras en la puerta de cada Audiencia Provincial, del mismo modo que ha hecho la vida imposible a los madrileños con la implantación masiva de radares de tráfico.

Si lo que pretende es constreñir el derecho a recurso en vía civil, que modifique la Ley configurando los recursos en este ámbito como extraordinarios, al igual que en materia laboral, donde todos los abogados laboralistas saben a efectos prácticos que resulta imposible que prospere un recurso de suplicación basado únicamente en el error en la apreciación de la prueba.

De otra parte pretende juzgar en el mismo acto a mayores y menores de edad cuando perpetren conjuntamente un delito. ¿Qué pasa? ¿Ya hemos renunciado a intentar corregir y salvar a nuestros chavales? Porque a quienes nos ocupan asuntos de menores, sabemos que es un ámbito muy especial, en el que todos, jueces, fiscales, asistentes sociales, abogados, padres (…), “empujamos,” a favor del menor. No es un juicio como tal, o al menos yo no lo entiendo así.

¿Vamos a juzgarlos ahora a todos con arreglo a qué convicciones? ¿La de delincuentes comunes o con arreglo a ese especial tratamiento procesal y penal? ¿Esas son todas las duplicidades que hay que evitar?

El señor Ministro no sabe que la justicia está obstruida no ya en la fase decisoria, sino en la propia tramitación y gestión procesal. Había por tanto que incidir en la línea apuntada por Caamaño, a quien le faltaron arresto y tiempo a partes iguales para culminar la reforma más acertada, por lógica, de todos los tiempos.

Y es que la solución de la justicia no tiene que venir por una sublime inspiración. Las respuestas son sumamente sencillas. Las tenemos delante y no las queremos ver. Piénsese en la mejora en materia laboral desde que es posible acumular las acciones de despido y cantidad. Todo abogado laboralista coincidirá en que el número de asuntos se reduzca a la mitad prácticamente (¡!).

Pero esto que parece tan sencillo, es comprensible que resulte totalmente extraño al que no es profesional del ramo.

Sobre el resto de medidas anunciadas no me voy siquiera a pronunciar, de suerte que me parecen totalmente tomadas de cara a la galería.