La utilidad de los funcionarios públicos

Vivimos tiempos convulsos. Unos colectivos señalan a otros bien como culpables de esta crisis bien a título de chivos expiatorios.

Los políticos apuntan a los funcionarios como colectivo particularmente favorecido, predicando que deben ser ellos quienes hagan un mayor esfuerzo para salir de esta crisis. “Los que más deben apretarse el cinturón,”, hablando en cristiano.

Lo hacen por primera vez en la historia, ya que siempre les ha preocupado más su significación como votantes, dado su elevado número. No en vano tenemos el ratio más alto de Europa, con un funcionario o trabajador al servicio de la Administración por cada cuatro ciudadanos, según se dice.

Pero esta vez recurrir a su “demonización,” era obligado, persiguiendo con ello la propia subsistencia y autojustificación del político.

El número de parados es ingente, y sin duda aplaudirán toda decisión populista que agreda al funcionariado. A quienes que no sólo tienen la suerte de tener un trabajo, sino de tenerlo asegurado de por vida.

Es obligado decir que el ataque se antojaba sencillo, debido a que los funcionarios no se integran mayoritariamente en los sindicatos más populares, como UGT o CC.OO. Tienen sus propias organizaciones y/o andan despreocupados por la especial protección que les otorga su status particular.

En esta línea y como era de esperar, los sindicatos mayoritarios no se han mostrado especialmente convulsos ante la merma de derechos de los funcionarios. Sus dirigentes posiblemente piensen al igual que el poder político, temiendo ser penalizados por su verdadera militancia de base, azotada por el desempleo y más preocupada por la reforma laboral recientemente operada. Tienen su propia guerra en definitiva.

En consecuencia a los empleados de lo público no les ha quedado por tanto otro remedio que defenderse por sí mismos. Y la única manera posible era tratándose de reconciliar con la ciudadanía, proponiéndole al efecto aquello que más une, un enemigo común: la clase política.

Ciertamente son tiempos en los que ocupan enfrentamientos inauditos. Funcionarios versus políticos tratando de justificar el trabajo propio con el demérito del otro. Cuándo antes se había visto perderse el respeto mutuo mostrado a lo largo del tiempo.

Como abogado en tenerife, ayer acudía al juzgado a celebrar un juicio, y me encontré justo en la puerta de la Sala de Vistas dos carteles que rezaban: “Estoy indignado, porque siendo funcionario de justicia (en Canarias los peores pagados de España), me quieren robar por trabajar”, y, “¿Cuánto cobran los políticos. Cuánto cobra el Consejero de Justicia y el Ministro de Justicia?”.

Inicialmente sin entrar a valorar la reivindicación, no me agradaron por cuanto esa puerta la cruzan mayoritariamente trabajadores que han perdido su empleo en el sector privado, a quienes se les adeuda incluso su trabajo, frecuentemente.

Le tiré una foto a los carteles y las colgué en el facebook con la reflexión expuesta en el párrafo anterior.

Celebrada la vista entré a los juzgados propiamente dichos a realizar otras gestiones. Ví que todos los funcionarios tenían los mismos carteles expuestos en la parte posterior de sus pantallas de ordenador o sobre su propia mesa.

Me preguntaba qué sucedería si los trabajadores de una empresa privada hicieran lo mismo, expresándole a los clientes su malestar por las últimas medidas acordadas por la Dirección… Evidentemente manifestación tan explícita de la libertad de expresión sólo puede permitírsela el funcionariado, lo que refrenda su ventajosa posición. Al menos eso fue lo que pensé en ese momento.

No obstante seguí pensando en ello a lo largo del día, y me di cuenta que yo mismo estaba cayendo en la trampa sugerida por el poder político.

Estamos tratando un tema “tabú,”, qué duda cabe. Y entre las muchas opiniones existentes, hay quien piensa que el error ha sido prostituir la condición de funcionario, cuando habría que reservarla a los puestos directivos.

He de decir que hace un tiempo compartía dicha postura. Si bien con los años y el trato diario con funcionarios me ha hecho cambiar en mis convicciones. Ellos son necesarios al menos por las siguientes razones:

1º.- Si todo el personal al servicio de la Administración fuera contratado, se cambiaría de manera ingente conforme cambiase el partido político en el poder. Es lo que sucede en Latinoamérica. Y eso fomenta la corrupción a todos los niveles. Hasta el último administrativo estará pensando en cómo promover alguna corruptela para procurarse un “colchón,”, cuando vaya a la calle (que irá). Mala práctica que puede consistir sencillamente en dar prioridad a un papel respecto del otro a cambio de unas monedas.

2º.- En segundo lugar, el funcionariado representa lo que en Economía se llama “factor amortiguador,”. En tiempo de crisis siguen consumiendo, aguantando con ello la demanda interna. Y en fase de expansión no se benefician de incrementos salariales acordes con la evolución de los beneficios empresariales del sector privado, quedando ligado su sueldo al simple incremento inflacionista.

Al menos por esta segunda razón, que no es ideológica sino real, inmersos en la crisis actual no es recomendable incidir sobre este grupo económico. Consejo que han desoído tanto el anterior como el actual gobierno.

Ahora bien, que los funcionarios sean necesarios no quiere decir que no podamos desarrollar políticas de recursos humanos que eliminen su impunidad ante un mal desempeño. O el diseño de políticas retributivas de acuerdo a parámetros de productividad. Estos sí son los parámetros sobre los que podemos y debemos incidir incluso en este momento. Es menos desmotivador que la rebaja continua de salarios y derechos.

Sobre la implantación del arbitraje en España

Aparcaba esta semana pasada mi desempeño más cotidiano como abogado laboral y mercantil para cumplir al menos mínimamente, con una inquietud personal.

Considerando que los abogados tenemos una obligación moral y ética de denuncia pública de cuanto nos parezca que no funciona como debiera, acudía a Madrid a plantear a su Audiencia Provincial las serias deficiencias que creo evidencia la implementación del arbitraje en España, como medio de solución extrajudicial de controversias.

El colectivo de abogados mostramos serias resistencias a emprender un procedimiento de este tipo. Sólo lo hacemos cuando una claúsula recogida en contrato nos obliga. Por el contrario nuestra contraparte, usualmente las grandes empresas (bancos, aseguradoras, compañías de telefonía entre otras), se esfuerzan denodadamente para que éste y no otro, sea el medio para solucionar las diferencias habidas con ellas.

Lo incorporan de manera sistemática en sus contratos de adhesión, estipulación que al cliente le resulta imposible excluir. Y una vez nacida la controversia si el abogado del perjudicado acciona en sede judicial, de manera inmediata plantean una “declinatoria,” a favor del arbitraje, pretendiendo que el juez se abstenga de conocer del asunto. Excepciones procesales que lamentablemente suelen prosperar, aunque depende del criterio de las diferentes audiencias provinciales.

No critico la regulación del arbitraje en sí, ni la más que legítima aspiración política de encontrar un sistema más ágil de impartir justicia material. Lo que cuestiono es su implementación.

Casi todas las cámaras de comercio tienen algún desarrollo al uso. Si bien la de Madrid por motivos lógicos acapara la totalidad de la práctica, a efectos reales. Ello es debido a que las grandes empresas suelen tener en la capital de España su centro neurálgico, y es donde gustan de tramitar las cuestiones. Lógimante para perjudicados de provincias lejanas, éste suele ser de inicio un factor disuasorio “ab initio,”.

El arbitraje es un negocio para la cámara de comercio. De él extrae ingresos, más que necesarios cuando cada vez que más se les priva del derecho “per se,” a cobrar contribución a las empresas por la mera actividad.

Y aunque todo negocio es legítimo mientras no se demuestre lo contrario, genéricamente me resulta difícilmente imaginable conjugar una justicia imparcial y de pago.

Las grandes empresas actúan como sus prescriptoras. En definitiva son sus clientes por cuanto les aportan negocio. Interviene en el proceso de “compra,” del servicio al imponerlo. Y resulta obvio decir que todo cliente para repetir en sus hábitos debe quedar satisfecho en sus experiencias anteriores, lo que de por sí ya preocupa.

Iniciado el proceso, la cámara se sirve de una lista de árbitros, normalmente profesionales del derecho con un pomposo currículum. De ella se propone a las partes una terna, a fin que manifiesten sus preferencias para elegir al que conocerá del asunto.

Un particular o empresa se verá inmerso en un arbitraje una vez en su vida. Sin embargo para su contraparte (empresa prescriptora), será significativo el volumen ocupando una vez tras o otra la misma controversia. Es lógico pensar por tanto que mientras al primero le dará igual el nombramiento de uno u otro, el segundo mostrará sus reticencias y no apostará positivamente por el árbitro cuyo conocido parecer no le sea favorable. ¿Queremos decir esto que se corre el riesgo que un árbitro pueda fallar a favor de las prescriptora para volver a ser nombrado? No es a nosotros a quien corresponde dicho análisis, pero sí venimos a decir humildemente que no es lo mismo que un juez imparcial.

Esto debemos de ponerlo en relación con el “habeas data” que se ha imprimado al arbitraje. Ello significa que los procedimientos y laudos que se dicten son secretos, no pudiendo hacerse publicidad alguna sobre los mismos.

Es evidente que el punto de partida no es el mismo para las partes, ya que la empresa neófita carece de una experiencia personal con los árbitros que sí atesora la prescriptora, consecuencia de sus propias experiencias anteriores.

Lo fácil es criticar este tipo de situaciones en pasillos y mentideros, aunque no es menos cierto que todos los juristas conocemos de laudos que inicialmente no encuentran siquiera amparo en el beneficio de la libre valoración de la prueba que es innato al árbitro.

Personalmente he optado por poner por escrito mis temores, dudas e inquietudes (estas y muchas más), en una prolija demanda que he sometido a consideración de la Audiencia Provincial de Madrid.

Que les resulte sugestiva y sugerente es otro tema, pero yo al menos he cumplido con una obligación ética y moral que creo implícita en la profesión. Más aún cuando nuestro sistema judicial se basa en el principio de justicia rogada, que viene a decir que los litigios se sustancian según las peticiones de las partes; y que los jueces no pueden entrar a conocer sobre lo que no se ha pedido.

Si más compañeros, abogados laboralistas, civilistas, penalistas, administrativistas, …, cumpliéramos con nuestra obligación de denuncia de las cosas que no funcionan, nuestra sociedad mejoraría sin lugar a dudas.

Es cierto que este tipo de actuaciones son riesgosas ya que excitan y avivan pasiones, al suponer una abstracción de lo cotidiano. En cierto modo comprendo a aquéllos magistrados llamados “estrella”, que en un momento dado necesitan satisfacer adicionalmente otras inquietudes.