Mi impronta personal sobre el tasazo judicial de Gallardón

Al ministro de Justicia todo cuanto se le ocurre para mejorar nuestra Justicia es imponer unas tasas que disuadan de emprender acciones legales o en otro caso contribuyan al mantenimiento de un sistema absolutamente deficitario.

Gallardón se ha afanado en incrementar los recursos necesarios para costear el macro desastre judicial, en lugar de introducir medidas que contribuyan a hacerlo más eficiente.

Al final voy a tener que acabar dando la razón a quienes afirman que "el problema no se soluciona porque no interesa hacerlo,".

Ciertamente, en algo que funciona tan sumamente mal, cualquier modificación acertada que se introduce arroja resultados positivos. Y el coste es tan sólo un poco de lógica.

Tenemos ejemplos muy recientes, como la creación de un sistema de notificaciones común, que vio la luz después que cinco notificadores de cinco juzgados diferentes de Madrid, se encontrasen en el rellano, a la puerta de un mismo deudor en la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca. Fue la clara constatación de estar despilfarrando recursos a raudales.

En el ámbito social, recientemente se posibilitó el acumular en una misma demanda las acciones de despido y cantidad. Era lo más lógico, toda vez que las deudas evidentemente nacen de la relación laboral. Automáticamente los pleitos bajaron significativamente.

En las ejecuciones se ha firmado recientemente un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y diferentes entidades bancarias que permiten el embargo directo de las posiciones del ejecutado.

Como estas medidas se podrían introducir cientos, sin exagerar. Bastaría la ubicación de un simple buzón de sugerencias en cada sede judicial, de forma que todos los implicados (procuradores, abogados, jueces, fiscales, agentes,..), pudieran aportar su particular contribución.

Una vez se ha adoptado una medida sin contar con los que mejor conocen la problemática en sí. Con quienes la padecemos a diario.

Como abogado me voy a permitir aquí una aportación particular “a bote pronto,”, aunque se me ocurren muchas más: en el orden social se ha creado la posibilidad de reclamar cantidades mediante el procedimiento monitorio, de manera que de no existir oposición ni pago por el deudor en el plazo de 10 días, se puede despachar automáticamente ejecución. Es una posibilidad muy atractiva, toda vez que si se opta por el procedimiento ordinario la fijación de la vista puede tener lugar literalmente a años vista. Ahora bien, no se exime al trabajador de interponer la preceptiva demanda de conciliación ante el SEMAC, lo que demorará el procedimiento entorno a un par de meses de forma innecesaria. Sobre todo teniendo en cuenta que previsiblemente se estarán reclamando salarios adeudados.

Estamos hablando de medidas activas, por llamarlas de alguna manera, pero también habrá que adoptar medidas negativas. Y es que aceptando que la Justicia sólo es mejorable mediante el “ensayo de prueba y error,”, habrá que retroceder las medidas adoptadas que se hayan denotado contraproducentes.

En este sentido, el haber pretendido descargar sobre los secretarios judiciales las decisiones a adoptar sobre la tramitación del proceso, no merece otra calificación que la de fiasco.

Cada uno de ellos tiene diferentes criterios sobre cuestiones idénticas. Y lo que es más grave, difieren del propio juez, quién conocerá del oportuno recurso de reposición contra sus decisiones.

Ello ha supuesto que se multipliquen las situaciones controvertidas, recursos de revisión y reposición, traslados de escritos, saturación documental de los tramitadores y por qué no, también mental de los abogados, que literalmente desquiciados, dedicamos una parte muy importante de nuestro tiempo a abordar estos entuertos creados <<ex novo>>.

Otro asunto es el tema político. Esto es, el afán de nuestros representantes por obtener réditos con cargo al sistema judicial. Hablamos por ejemplo de la puesta a disposición de la víctima de violencia de género de un abogado adscrito a un turno específico de oficio que vele por sus intereses. Figura que es del todo innecesaria, ya que esa labor corresponde por su propia naturaleza al Ministerio Fiscal, quien de hecho la desarrolla en todo caso con el mismo esfuerzo.

Por último quiero hablar de la mediación y del arbitraje, figura que presentada como la posible panacea nunca ha sido dotada realmente de contenido.

Los desarrollos normativos habidos únicamente han servido para generar una auténtica mafia en torno a determinadas organizaciones que pretendiendo revestirse de carácter institucional, en la realidad sólo sirven a los intereses creados por las grandes compañías, que obligan a someter a su criterio toda controversia que puedan surgir en su relación con el cliente. Sumisión obligada en base a claúsulas contractuales no negociables.

La idea debe ser popularizar la mediación y el arbitraje; “llevarlo a pie de calle,”. Y al efecto no olvidemos que todos los abogados en ejercicio hemos jurado la Constitución así como hacer valer la Ley. Quizá si se nos encomendase la misión, podríamos descargar a los tribunales de la carga que ocasionan los procedimientos de menor cuantía.

Humildes sugerencias todas ellas formuladas en aras de mejorar la eficiencia de la Justicia, de hacerla verdaderamente justa y ágil, que no de buscar "quien siga pagando la fiesta,".