La utilidad de los funcionarios públicos

Vivimos tiempos convulsos. Unos colectivos señalan a otros bien como culpables de esta crisis bien a título de chivos expiatorios.

Los políticos apuntan a los funcionarios como colectivo particularmente favorecido, predicando que deben ser ellos quienes hagan un mayor esfuerzo para salir de esta crisis. “Los que más deben apretarse el cinturón,”, hablando en cristiano.

Lo hacen por primera vez en la historia, ya que siempre les ha preocupado más su significación como votantes, dado su elevado número. No en vano tenemos el ratio más alto de Europa, con un funcionario o trabajador al servicio de la Administración por cada cuatro ciudadanos, según se dice.

Pero esta vez recurrir a su “demonización,” era obligado, persiguiendo con ello la propia subsistencia y autojustificación del político.

El número de parados es ingente, y sin duda aplaudirán toda decisión populista que agreda al funcionariado. A quienes que no sólo tienen la suerte de tener un trabajo, sino de tenerlo asegurado de por vida.

Es obligado decir que el ataque se antojaba sencillo, debido a que los funcionarios no se integran mayoritariamente en los sindicatos más populares, como UGT o CC.OO. Tienen sus propias organizaciones y/o andan despreocupados por la especial protección que les otorga su status particular.

En esta línea y como era de esperar, los sindicatos mayoritarios no se han mostrado especialmente convulsos ante la merma de derechos de los funcionarios. Sus dirigentes posiblemente piensen al igual que el poder político, temiendo ser penalizados por su verdadera militancia de base, azotada por el desempleo y más preocupada por la reforma laboral recientemente operada. Tienen su propia guerra en definitiva.

En consecuencia a los empleados de lo público no les ha quedado por tanto otro remedio que defenderse por sí mismos. Y la única manera posible era tratándose de reconciliar con la ciudadanía, proponiéndole al efecto aquello que más une, un enemigo común: la clase política.

Ciertamente son tiempos en los que ocupan enfrentamientos inauditos. Funcionarios versus políticos tratando de justificar el trabajo propio con el demérito del otro. Cuándo antes se había visto perderse el respeto mutuo mostrado a lo largo del tiempo.

Como abogado tenerife, ayer acudía al juzgado a celebrar un juicio, y me encontré justo en la puerta de la Sala de Vistas dos carteles que rezaban: “Estoy indignado, porque siendo funcionario de justicia (en Canarias los peores pagados de España), me quieren robar por trabajar”, y, “¿Cuánto cobran los políticos. Cuánto cobra el Consejero de Justicia y el Ministro de Justicia?”.

Inicialmente sin entrar a valorar la reivindicación, no me agradaron por cuanto esa puerta la cruzan mayoritariamente trabajadores que han perdido su empleo en el sector privado, a quienes se les adeuda incluso su trabajo, frecuentemente.

Le tiré una foto a los carteles y las colgué en el facebook con la reflexión expuesta en el párrafo anterior.

Celebrada la vista entré a los juzgados propiamente dichos a realizar otras gestiones. Ví que todos los funcionarios tenían los mismos carteles expuestos en la parte posterior de sus pantallas de ordenador o sobre su propia mesa.

Me preguntaba qué sucedería si los trabajadores de una empresa privada hicieran lo mismo, expresándole a los clientes su malestar por las últimas medidas acordadas por la Dirección… Evidentemente manifestación tan explícita de la libertad de expresión sólo puede permitírsela el funcionariado, lo que refrenda su ventajosa posición. Al menos eso fue lo que pensé en ese momento.

No obstante seguí pensando en ello a lo largo del día, y me di cuenta que yo mismo estaba cayendo en la trampa sugerida por el poder político.

Estamos tratando un tema “tabú,”, qué duda cabe. Y entre las muchas opiniones existentes, hay quien piensa que el error ha sido prostituir la condición de funcionario, cuando habría que reservarla a los puestos directivos.

He de decir que hace un tiempo compartía dicha postura. Si bien con los años y el trato diario con funcionarios me ha hecho cambiar en mis convicciones. Ellos son necesarios al menos por las siguientes razones:

1º.- Si todo el personal al servicio de la Administración fuera contratado, se cambiaría de manera ingente conforme cambiase el partido político en el poder. Es lo que sucede en Latinoamérica. Y eso fomenta la corrupción a todos los niveles. Hasta el último administrativo estará pensando en cómo promover alguna corruptela para procurarse un “colchón,”, cuando vaya a la calle (que irá). Mala práctica que puede consistir sencillamente en dar prioridad a un papel respecto del otro a cambio de unas monedas.

2º.- En segundo lugar, el funcionariado representa lo que en Economía se llama “factor amortiguador,”. En tiempo de crisis siguen consumiendo, aguantando con ello la demanda interna. Y en fase de expansión no se benefician de incrementos salariales acordes con la evolución de los beneficios empresariales del sector privado, quedando ligado su sueldo al simple incremento inflacionista.

Al menos por esta segunda razón, que no es ideológica sino real, inmersos en la crisis actual no es recomendable incidir sobre este grupo económico. Consejo que han desoído tanto el anterior como el actual gobierno.

Ahora bien, que los funcionarios sean necesarios no quiere decir que no podamos desarrollar políticas de recursos humanos que eliminen su impunidad ante un mal desempeño. O el diseño de políticas retributivas de acuerdo a parámetros de productividad. Estos sí son los parámetros sobre los que podemos y debemos incidir incluso en este momento. Es menos desmotivador que la rebaja continua de salarios y derechos.

Huelga general del 29 de marzo: la última oportunidad

Desde que entró en vigor la reforma laboral debo reconocer que ando perdido a la hora de redactar una demanda. 

Pedimos lo máximo para el trabajador eso sí, pero sin certeza sobre lo que nos será dado. Y es que las mismas dudas las tienen los jueces.

El problema se agudiza con despidos que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor el 12.02.2012. Al reconocer la improcedencia algunos juzgadores conceden 45 días de indemnización por todo el periodo hasta sentencia. Otros en las mismas condiciones 33 días por año, y otros 45 días hasta la entrada en vigor y 33 días a partir de entonces.

No es la única duda. Habiendo sido eliminados los salarios de tramitación si el empresario opta por la indemnización, hay quien los concede y quien no.

Al margen que la nueva normativa supone un atentado en toda regla contra los derechos de los trabajadores, esta situación tampoco beneficia al empresario si entendemos que todo cambio lo que pretende es que éste gane confianza a la hora de contratar.

Pero lo peor de esta indefinición aunque resulte paradójico, es que algún día verá su fin. Precisamente cuando todos los despidos sean posteriores a la referida fecha. Será entonces cuando los trabajadores sufran la peor indefensión.

Son loables las manifestaciones de la Asociación de Jueces por la Democracia, afirmando que ya buscarán ellos otras formas de compensarlos. Sin embargo dicha actitud esquiva tiene un camino muy corto. Ya se encargarán los gobernantes de infundir miedo vía expediente disciplinario y/o traslados de orden jurisdiccional.

En eso sí que son expertos los nuevos populares. En dar “palos,” e infundir miedos.

En el ejercicio, acudo a los juzgados de lo social indistintamente representando a trabajadores y empresas, según el encargo. Sorprendentemente cuando comento la reforma laboral con empresarios clientes y amigos, ellos mismos la reconocen como una absoluta desproporción.

No podía ser de otra manera, ya que los trabajadores son los compradores de los bienes y servicios que las empresas fabrican. Y si se les reduce el sueldo y al tiempo se minora la seguridad en el puesto de trabajo, lo único que se consigue es que no consuman. Es ese y no otro el círculo vicioso en el que ahora nos encontramos.

Ayer me recordaba una persona muy querida y cuyo criterio tengo en estima, cómo Rubalcaba en el debate electoral pronosticaba una y otra vez la futura actuación del señor Rajoy en la línea de eliminar el peso de los sindicatos y la seguridad de los convenios colectivos, mientras que nuestro actual presidente lo negaba implícitamente, muy “a la gallega,”, como no podía ser de otra manera.

Al efecto de refrescar mi memoria he vuelto a ver el fragmento del debate dedicado a desempleo (obra en la página de RTVE). La era de las nuevas tecnologías es lo que tiene, deja mil y un testimonios si queremos ahondar en nuestra propia indignación.

Éste ha sido un golpe fatal para los sindicatos. Más debilitados que nunca se ven obligados a llamar a una huelga general que será su propia tumba. Se trata de una reforma cuyos efectos la sociedad sólo los percibirá con el tiempo, ya que si ahora mismo fuera consciente la protesta sería inaudita.

Sólo cuando nos enteremos que a nuestro vecino lo han mandado al paro por estar nueve días de baja, que al mancebo de la botica le han reducido el sueldo o que en la empresa donde trabaja el cuñado han hecho un ERE fugaz y sin autorización administrativa, percibiremos que a nosotros también nos puede pasar. Y para entonces la huelga general del día 29 quedará muy lejos.

Lástima que el candidato que presentó el PSOE adolecía del peor descrédito cuando merecía ser calificado de visionario. Decía Rubalcaba: <<Si usted lo que está haciendo, llevando la flexibilidad al máximo, es desprotegiendo a los trabajadores. ¿Usted ve a cuatro trabajadores enfrentándose a un empresario que les quiere imponer un acuerdo? Están completamente listos, señor Rajoy>>.

No tenemos cinco millones de desempleados. Tenemos cinco millones de marginados. Cinco millones de parias. A nadie preocupa que vuelvan a encontrar trabajo. Es más nuestros gobernantes saben que es imposible recuperarlos mínimamente. Mientras no cambien las cosas y será difícil que ocurra, malvivirán al margen de la sociedad, a base de “chapuzas,” y “cáncamos,” en el mejor de los casos.

A ello coadyuva enormemente la actitud de los bancos, quienes los han desprovisto de lo poco que tenían. Y lo que es peor, les han desprovisto de la ilusión por volver a empezar al verse acuciados de deudas.

Las entidades financieras, los políticos, las grandes empresas… todos ellos “hacen cuentas nuevas,” pensando en un nuevo mercado que simplemente ha visto reducido su tamaño en cinco millones de personas, lo que obligará entonces a esforzarse por captar a los nuevos miembros que se vayan incorporando.

Conclusión: Cinco millones de personas en España han dejado de existir.

Personalmente no comulgo con muchos dogmas sindicalistas, pero por la razón antedicha y por otras muchas (cada uno tiene una), el día 29 hay que salir a la calle. Puede que sea la última oportunidad.

¿Para cuando una ley de segunda oportunidad que permita a los particulares renacer sin deudas?

El concurso de acreedores de persona física

Que el concurso de acreedores no es la solución al problema de insolvencia del ciudadano común, es algo que tengo claro desde que empezamos esta crisis. Es preciso orquestar una ley de segunda oportunidad que salga al paso.

Mi parecer se lo he hecho saber a todo aquél que ha acudido a mi despacho con tal pretensión. Considero que los abogados no tenemos como activo otra cosa que el nombre, por lo que flaco favor se hace quien aconseja mal, tanto a sabiendas como por simple desconocimiento.

Muchos compañeros se adentraron en la práctica concursal al calor de la recesión económica. Algunos se han esforzado por dominar la materia, otros no. Y aunque parezca redundante lo cierto es que como en todo, hay que saber.

Personalmente me defino como abogado laboral y mercantil, sin desdeño de una considerable práctica penal y civil. Como decía el doctor Marañón (parafraseando a Letamendi): “el médico que sólo sabe medicina ni de medicina sabe,”. Comparto dicha apreciación, entendiendo que es extrapolable al abogado, quien debe aspirar a cierta generalidad. Ello aún cuando soy consciente que en nuestra profesión según parece hay que tender a la especialización para ser figura de renombre y aspirar a figurar en directorios como Chambers o Legal 500.

Yo me siento muy cómodo con lo que hago. Excepto en contencioso-administrativo, área de práctica que sinceramente me escalofría. Por cierto, últimamente tengo que llevar algunos que se me han presentado con carácter irrenunciable por la especial relación con quién me lo ha demandado (no sé si algún fiscal contrariado me ha echado algún tipo de maldición gitana…).

Pero en las áreas que domino gusto de ejercer, amo mi profesión y a veces hasta me siento orgulloso de mi desempeño. Y gran parte de culpa la tiene el ser honrado con el público, con la gente.

Los juzgados de lo mercantil como regla general no aceptan el concurso de acreedores de personas físicas. Y no lo digo yo, lo adveran las estadísticas del INE. En todo el 2011 en Tenerife sólo se declaró el concurso de 2 personas físicas sin actividad empresarial.

Un caso lo conozco, y doy fe que son circunstancias particulares y patrimonio que nada tienen que ver con el “status quo,” del ciudadano común. El otro caso, me puedo imaginar que será por el estilo.

Y es que es importante conocer las peculiaridades del ámbito de trabajo. Ahorra dinero a los clientes. Sobre todo cuando más necesitan de los escasos recursos que le quedan.

No obstante, recientemente me ha ocupado el caso de un particular, una pareja, a quienes les reconocieron el beneficio de la justicia gratuita para pedir el concurso de acreedores. Y ésta ha sido una oportunidad estimable para pulsar (de nuevo), la opinión de nuestra Audiencia Provincial.

Nada más acudir esta pareja a mi despacho, les trasladé que a cuanto aspiraban era del todo imposible, pero que íbamos a intentarlo, ya que el riesgo era cero, dada su consideración de reconocido litigante sin recursos.

Desgraciadamente, no me equivocaba. El Juzgado de lo Mercantil rechazó la admisión a trámite del procedimiento. Recurrir era obligado. Más aú cuando a nivel personal tenía la inquietud por solicitar el parecer de la Audiencia de Tenerife, teniendo en cuenta, todo sea dicho, que hay otras provincias cuyos juzgados de lo mercantil son más receptivos con esta posibilidad que teóricamente se abre no sólo a las empresas, también a las personas físicas.

Parece ser que he sido el único abogado en hacerlo, según me comentaba un ilustre compañero del ramo que había buscado pronunciamientos sin éxito de nuestra segunda instancia, pretendiendo publicar un artículo en una revista jurídica especializada.

Hoy he recibido el fallo. Viene a confirmar la inadmisión del juzgado de lo mercantil, aunque entiende que efectivamente las diferentes audiencias se han ido pronunciando en sentidos diversos; estando por tanto suficientemente fundamentado mi recurso.

Hace alusión esta sentencia a otra de la propia Sala de fecha 24-11-2011, que recaía sobre otro recurso también de mi autoría. Y aunque en este segundo cambié los motivos de impugnación pretendiendo resultar de otro modo sugestivo al Tribunal, éste órgano parece tenerlo muy claro.

Dejo su pronunciamiento como anexo al post, ya que creo que cuando menos tiene dos consideraciones que son convenientes conocer:

1º) El concurso de acreedores es una previsión legal destinada a proteger y beneficiar a los acreedores. No al deudor, como erróneamente se piensa.

2º) Las viviendas hipotecadas y los coches financiados, SON DEL BANCO. Si aprendemos al menos esta lección de la crisis, algo habremos mejorado, ciertamente.

No voy a valorar el fallo. Menos aún cuando parcialmente lo comparto y enteramente lo comprendo en su finalidad: la solución a los problemas económicos de los particulares no puede ser pretendida en sede judicial. Debe provenir del poder político, principiando por aprobar la dación en pago de una puñetera vez.

Cosa bien distinta es que me hablen del concurso de acreedores de empresas. En ese caso sí que es una medida muy provechosa. Con ese tipo de clientes sí son muchos los procedimientos que ocupan, y la lectura es positiva. Aún cuando la asignatura pendiente de todo este entramado sigue siendo que la legalidad vigente sirva a la continuidad de la empresa.

Es obligado decir que España es un gran país para arruinarse como empresario, siempre y cuando se hagan las cosas bien y se cumpla con las obligaciones legales. En ese caso se podrá contar con una nueva oportunidad para volver a empezar si así se desea. Consideración que hay que poner al otro lado de la balanza, confrontándola con la pésima consideración social que en nuestro país se otorga al empresario.

A veces injustificadamente, por cuanto los derechos de los trabajadores cada vez están más asegurados (FOGASA).

ANEXO: Sentencia A.P. Tenerife, 24 enero 2012 (Inadmisión de concurso de acreedores de persona física).

Sobre la implantación del arbitraje en España

Aparcaba esta semana pasada mi desempeño más cotidiano como abogado laboral y mercantil para cumplir al menos mínimamente, con una inquietud personal.

Considerando que los abogados tenemos una obligación moral y ética de denuncia pública de cuanto nos parezca que no funciona como debiera, acudía a Madrid a plantear a su Audiencia Provincial las serias deficiencias que creo evidencia la implementación del arbitraje en España, como medio de solución extrajudicial de controversias.

El colectivo de abogados mostramos serias resistencias a emprender un procedimiento de este tipo. Sólo lo hacemos cuando una claúsula recogida en contrato nos obliga. Por el contrario nuestra contraparte, usualmente las grandes empresas (bancos, aseguradoras, compañías de telefonía entre otras), se esfuerzan denodadamente para que éste y no otro, sea el medio para solucionar las diferencias habidas con ellas.

Lo incorporan de manera sistemática en sus contratos de adhesión, estipulación que al cliente le resulta imposible excluir. Y una vez nacida la controversia si el abogado del perjudicado acciona en sede judicial, de manera inmediata plantean una “declinatoria,” a favor del arbitraje, pretendiendo que el juez se abstenga de conocer del asunto. Excepciones procesales que lamentablemente suelen prosperar, aunque depende del criterio de las diferentes audiencias provinciales.

No critico la regulación del arbitraje en sí, ni la más que legítima aspiración política de encontrar un sistema más ágil de impartir justicia material. Lo que cuestiono es su implementación.

Casi todas las cámaras de comercio tienen algún desarrollo al uso. Si bien la de Madrid por motivos lógicos acapara la totalidad de la práctica, a efectos reales. Ello es debido a que las grandes empresas suelen tener en la capital de España su centro neurálgico, y es donde gustan de tramitar las cuestiones. Lógimante para perjudicados de provincias lejanas, éste suele ser de inicio un factor disuasorio “ab initio,”.

El arbitraje es un negocio para la cámara de comercio. De él extrae ingresos, más que necesarios cuando cada vez que más se les priva del derecho “per se,” a cobrar contribución a las empresas por la mera actividad.

Y aunque todo negocio es legítimo mientras no se demuestre lo contrario, genéricamente me resulta difícilmente imaginable conjugar una justicia imparcial y de pago.

Las grandes empresas actúan como sus prescriptoras. En definitiva son sus clientes por cuanto les aportan negocio. Interviene en el proceso de “compra,” del servicio al imponerlo. Y resulta obvio decir que todo cliente para repetir en sus hábitos debe quedar satisfecho en sus experiencias anteriores, lo que de por sí ya preocupa.

Iniciado el proceso, la cámara se sirve de una lista de árbitros, normalmente profesionales del derecho con un pomposo currículum. De ella se propone a las partes una terna, a fin que manifiesten sus preferencias para elegir al que conocerá del asunto.

Un particular o empresa se verá inmerso en un arbitraje una vez en su vida. Sin embargo para su contraparte (empresa prescriptora), será significativo el volumen ocupando una vez tras o otra la misma controversia. Es lógico pensar por tanto que mientras al primero le dará igual el nombramiento de uno u otro, el segundo mostrará sus reticencias y no apostará positivamente por el árbitro cuyo conocido parecer no le sea favorable. ¿Queremos decir esto que se corre el riesgo que un árbitro pueda fallar a favor de las prescriptora para volver a ser nombrado? No es a nosotros a quien corresponde dicho análisis, pero sí venimos a decir humildemente que no es lo mismo que un juez imparcial.

Esto debemos de ponerlo en relación con el “habeas data” que se ha imprimado al arbitraje. Ello significa que los procedimientos y laudos que se dicten son secretos, no pudiendo hacerse publicidad alguna sobre los mismos.

Es evidente que el punto de partida no es el mismo para las partes, ya que la empresa neófita carece de una experiencia personal con los árbitros que sí atesora la prescriptora, consecuencia de sus propias experiencias anteriores.

Lo fácil es criticar este tipo de situaciones en pasillos y mentideros, aunque no es menos cierto que todos los juristas conocemos de laudos que inicialmente no encuentran siquiera amparo en el beneficio de la libre valoración de la prueba que es innato al árbitro.

Personalmente he optado por poner por escrito mis temores, dudas e inquietudes (estas y muchas más), en una prolija demanda que he sometido a consideración de la Audiencia Provincial de Madrid.

Que les resulte sugestiva y sugerente es otro tema, pero yo al menos he cumplido con una obligación ética y moral que creo implícita en la profesión. Más aún cuando nuestro sistema judicial se basa en el principio de justicia rogada, que viene a decir que los litigios se sustancian según las peticiones de las partes; y que los jueces no pueden entrar a conocer sobre lo que no se ha pedido.

Si más compañeros, abogados laboralistas, civilistas, penalistas, administrativistas, …, cumpliéramos con nuestra obligación de denuncia de las cosas que no funcionan, nuestra sociedad mejoraría sin lugar a dudas.

Es cierto que este tipo de actuaciones son riesgosas ya que excitan y avivan pasiones, al suponer una abstracción de lo cotidiano. En cierto modo comprendo a aquéllos magistrados llamados “estrella”, que en un momento dado necesitan satisfacer adicionalmente otras inquietudes.

El nuevo contrato de aprendizaje tampoco ayuda

El día 19-N, uno antes de las elecciones, entraba en vigor el nuevo contrato de aprendizaje (RD 1543/2011), por el que es posible incorporar a las empresas jóvenes entre 18 y 25 años, incluso con título universitario, al efecto que adquieran su primera experiencia profesional.

Su remuneración, 426€. Sin indemnización, paro, jornada máxima o vacaciones. El empresario no tendrá tampoco que pagar retenciones. Tan sólo 34,51€ al mes de Seguridad Social.

Para evitar fraudes los candidatos los enviará el INEM de acuerdo con el requisito de titulación que el empresario exija.

Rubalcaba lo justificaba así: "Hay jóvenes en paro que no acabaron los estudios atraídos por el mercado inmobiliario y que no tienen formación básica, hay que darles esa formación para que puedan encontrar un buen empleo, son casi un millón de jóvenes. Hay que hacer una formación específica, hay que crear un contrato de trabajo y aprendizaje para que estudien por las tardes. Hay muchos jóvenes con título y sin oportunidad y ese es otro plan específico,".

Anteriormente ya había dicho que iba a solicitar imperativamente a las empresas del IBEX (las 35 mayores del país cotizadas en bolsa), que contrataran jóvenes desempleados. No es por tanto descabellado pensar que a dicho esfuerzo se le ponga con esta medida precio de saldo.

A mi memoria viene también el recuerdo del ERE de Telefónica, pagado con el esfuerzo de todos los españoles. Visualizo ahora a la operadora incorporando ahora a su plantilla trabajadores para sustituir a aquéllos a precio de risa.

No es cierto que los políticos gobiernen sin rumbo. Que lo hagan sin un destino marcado. Otra cosa es que transmitirlo tal cual al electorado pueda tener efectos devastadores, por lo que es preferible ir verificando actuaciones fragmentarias.

Sólo el tiempo permitirá valorar aquéllas a toro pasado, interrelacionar unas con otras para inductivamente apreciar al menos cierta congruencia en las conductas y políticas, lo cual nada tiene que ver con el acierto.

Los abogados laboralistas sabemos que nunca antes se habían colmado las expectativas del empresariado de tal manera. Pedían que se les ayudase rebajando las cuotas de la Seguridad Social (menos imposible), menores salarios para ganar en productividad (ustedes dirán), indemnizaciones por despido más bajas (no existe), menor protección sindical (ausente del todo)…

En teoría esta medida debería haber acabado con el paro de la noche a la mañana. Pero no ha sido así.

El empresario contrata en función de expectativas. Lo hará siempre y cuando tenga a la vista un negocio que le permita sufragar todos sus costes y obtener un beneficio para él. Actualmente las oportunidades parecen brillar por su ausencia, o somos todos más pesimistas.

El préstamo no corre. Aunque personalmente no creo que sea por falta de fondos, sino por la precariedad en las garantías. Históricamente las propiedades inmobiliarias han sido el aval por excelencia, y hoy por hoy los bancos no les dan valor alguno.

A la solución del paro nada puede aportar este humilde abogados laborales. Atañe su solución a aquellos economistas que en su día lograron que la sociedad aceptase el dinero papel como un bien valioso, sin el respaldo del patrón oro. Ahora les toca reeditar el éxito con un montón de ladrillos amontonados, en definitiva arena compactada a la que llamamos, propiedad.

La mentira siempre es la misma. Y si no, pregúntense por qué el oro es considerado históricamente como el valor refugio. ¿Por qué no otros metales igualmente escasos?

El oro se anuncia por activa y por pasiva como ‘inversión modelo’ para aquellos inversores que disponen de capital y desean obtener ganancias en la actual situación. los establecimientos de ‘compro oro’, están al ‘rojo vivo’, con un incremento de establecimientos y de la facturación jamás conocidos.

¿Será que el ser humano tanto en cuanto como agente económico necesita alguna ‘burbuja’ para huir de la realidad del mercado?

Mobbing o acoso moral en la Gran Distribución

Mis inicios profesionales tuvieron lugar en multinacionales dedicadas a la gran distribución (hipermercados). “Cocinero antes que fraile,”, creo conocer bien las políticas laborales de este tipo de empresas.

Para ofrecer precios competitivos se ven obligados a trabajar con costes más que reducidos, lo que se traduce en la sobreexplotación de los recursos.

A nivel estratégico, cada establecimiento se configura como un centro de control de costes, siendo responsable de su propia cuenta de explotación. Una proporción de los gastos generales le son imputados directamente desde su central. El resto, es responsabilidad suya (de acuerdo con las políticas de empresa, claro está).

Y los resultados se pueden ir al traste ante cualquier imprevisto, y es entonces cuando las “broncas,” deben bajar jerárquicamente, llegando hasta el último “mindundi,”, el más humilde reponedor que bastante tiene con vender su trabajo (enteramente físico) a cambio de un salario de risa.

Quienes gestionan estos negocios lo tienen claro. El “milagro de los panes y los peces,” sólo es posible inyectando presión y más presión para obtener el sobreesfuerzo de todos.

Podría ser legítimo solicitar al resto de trabajadores un plus al efecto de cubrir por ejemplo bajas médicas de compañeros, ayudando con ello a la empresa a salvar sus resultados. Pero en todo caso lo sería siempre y cuando no se partiera ya de ínfimas plantillas, totalmente insuficientes para atender la carga de trabajo. No se engañen, hablamos entonces de explotación laboral.

Jefes, subjefes, de sección, de área, de departamento, …, gerentes o directores de centro, rifle al hombro supervisan el trabajo de los condenados a trabajos forzados. Están absolutamente alienados, y no dudarán en disparar al menor movimiento. No saben sin embargo que son absolutamente prescindibles, lo que podrán comprobar cuando se cuestionen la labor que realizan a favor del capital constituido.

De otra parte, los trabajadores de base no los perciben como sus iguales, sino como empresa, lo que aumenta su indefensión y exposición al capricho de la alta dirección.

Casualidades de la vida, o no, con posterioridad a mi prestación laboral para grandes firmas de distribución, como abogado, me han ocupado diversos procedimientos por mobbing contra firmas como Alcampo, Carrefour o Makro.

Es cierto que las situaciones de acoso que se dan en las tiendas son infligidas por mandos intermedios, que actúan de espaldas a la alta dirección. Si bien entiendo que ésta debe desautorizar dichos comportamientos de manera pública y tajante, so pena de ser considerados partícipes.

No en vano en diversas litis he llegado a citar a juicio (y el juez acordarlo), al en su día Director General de Alcampo (Patrick Coignard), o a la actual Directora de Recursos Humanos de Makro (Pilar Oncins).

A nadie hay que tenerle un respeto reverencial, menos aún cuando ellos son los garantes del buen clima organizacional. Es más, les brindaba la oportunidad de oro de deponer como testigos proclamando las bondades de sus políticas (lo que incluso pudiera perjudicar mis intereses). Concretamente Pilar Oncins hace gala de ser conferenciante departiendo sobre la “correcta identificación y retención del talento atendiendo a la cultura y valores de la Empresa,”.

Sin embargo nunca asistieron a la vista o prefirieron concederme con anterioridad una satisfacción extraprocesal (Makro, recientemente).

Aunque parezca todo lo contrario, estas organizaciones se sienten más cómodas pleiteando temas genéricos en la Audiencia, donde respecto a los interlocutores sociales sólo cabe decir que nadie sabe quién es quién. Esa situación es la que ellos controlan. Bajar “a pie de pista”, a “juzgados de provincia”, les cuesta más. Y es ahí donde están los verdaderos problemas, individuales por supuesto. Donde debe mostrarse la grandeza organizacional y subsanar errores, en su caso. No entiendo cual es el miedo.

De otra parte, como abogado laboralista me congratulo de ver que firmas como AKI, Leroy Merlin o IKEA figuran entre las 50 mejores empresas para trabajar en España (lista Best WorkPlaces). Ojalá cada vez más empresas se den cuenta que la satisfacción de sus empleados es directamente proporcional a su productividad.

Yo soy funcionaria, tú tan sólo un niño

En una entrada anterior, comentaba el asunto de una abuela que el infortunio le había obligado a quedarse con sus dos nietos a cargo. El padre los abandonó nada más nacer, y la madre, había fallecido.

El INSS le ha denegado la ayuda de los 428 euros, una vez se había quedado sin prestación por desempleo, e interpuesta demanda ante los juzgados de lo social, nos habían dado fecha de juicio para dentro de un año (noviembre de 2012).

Hecha esta introducción, debo decir que los despropósitos no cesan. Ayer acudimos al juzgado con el firme propósito de adelantar la fecha. Llevábamos incluso una propuesta, ya que el juicio correspondiente a otro cliente que debería tener lugar en febrero, no se iba a celebrar toda vez que nos habían dado una satisfacción extraprocesal. Sugeríamos por tanto utilizar ese señalamiento, el cual considerábamos impropiamente propio.

Nos entrevistamos con la funcionaria que llevaba este último procedimiento. Le explicamos las circunstancias y nos dijo que no había ningún inconveniente si la Secretaria lo autorizaba. Hablamos con esta última y nos dijo que sí.

Mientras realizábamos los trámites pertinentes al efecto, comprobamos que los autos que pretendíamos adelantar los llevaba otra funcionaria. La cual sorprendentemente se negó, aún cuando la sugerencia la formulábamos de acuerdo con su compañera y con el beneplácito de la señora Secretaria.

“Esto no es prioritario,”, dijo. “Prioridad tienen los despidos, al efecto de limitar los salarios de tramitación,”. Se levantó y fue a hablar con la Secretaria de nuevo, a quien debió poner en el brete de no desautorizarla.

Y así fue, volvió triunfante a nuestra presencia. La fecha de juicio de la abuela y sus dos nietos se mantiene a noviembre de 2012.

Como ya decía anteriormente, cualquier abogado sabe que si todo va bien tendremos sentencia para principios de 2013. Y teniendo en cuenta que si es favorable nos encontraremos con la sistemática apelación de la representación del INSS; con un poco de suerte y sin exagerar u ápice, estos niños podrán volverán a comer en el 2014.

Nuevamente volvimos a hablar con la Secretaria, quien tomó nota en un post it, diciéndonos que haría lo posible por encontrar un hueco antes.

Pasaron los días y no teníamos noticia del juzgado, así que decidí dar una vuelta de tuerca más, solicitándolo por escrito, ya que las palabras se las lleva el viento. Pero nadie se ruborizó siquiera. Más al contrario, nos contestaron de igual forma en sentido negativo.

Es un caso que me ha remitido el turno de oficio. Que económicamente no me merece en modo alguno tanto empeño, pero que moralmente me obliga. Y ya mi indignación es tan grande que si tengo que quejarme a una instancia superior, lo haré, con la esperanza que ello no me perjudique en mi desempeño como abogado laboralista.

Todos tenemos la obligación de denuncia, de aportar nuestro granito de arena a la mejora de este sistema judicial tan criticado de ineficiente.

La denegación sistemática de las pensiones y ayudas no contributivas (II)

Pues fíjense, como los políticos no hablan del tema, continuo yo denunciando la negativa sistemática de la Seguridad Social a toda solicitud de pensión o ayuda, sin entrar siquiera a valorar el asunto en cuestión.

Aquéllos hacen campaña recordando que uno de cada cinco hogares se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Hay que hacer algo, dicen. Pero realmente eluden el problema. Esos hogares carecen normalmente de cualquier tipo de ingreso, y toda ayuda de carácter no contributivo les es denegada aún reuniendo los requisitos al efecto.

Son muy pocos los que acuden a un abogado laboralista en busca de ayuda. Ni siquiera saben como hacerlo, desconocedores absolutos del beneficio de justicia gratuita, comúnmente llamado turno de oficio, que algunos ejercemos convencidos que se trata ante todo de una obligación moral.

La gran mayoría no tiene recursos si se trata de un tema médico para contratar una pericial que sirva de sustento en el acto del juicio. Y los forenses del juzgado no se rebelan ante las decisiones del INSS. Cuyos médicos, todo sea dicho, en “petit comité,”, piden disculpas excusándose con el alegato de recibir instrucciones más que restrictivas.

Recientemente acudía a mi despacho una señora con dos nietos a cargo. El padre los abandonó nada más nacer. La madre, falleció no llega al año. De manera que esta humilde mujer tiene que sacar fuerzas de flaqueza para volver a criar una nueva generación familiar.

Lo que a nosotros nos parece tan encomiable, parece no serlo tanto para el INSS, quien le ha denegado la ayuda de los 428 euros, una vez se ha quedado sin prestación por desempleo.

Un paro bien ganado por cierto, ya que la mujer no está para trabajar y es por ello por lo que no le han renovado el contrato. Con ejemplos como éste son por los que yo digo que en España, quien quiere trabajar, trabaja.

Pues bien, interpuesta la demanda hace ya un par de meses (septiembre 2011), se admite ahora a trámite señalando para juicio en noviembre de 2012.

Si todo va bien, seguimos vivos y al juzgado no se le olvida pedir el expediente (obligando a suspender como me ha pasado hoy mismo con un caso parecido), tendremos sentencia para principios de 2013. Y teniendo en cuenta que si es favorable nos encontraremos con la sistemática apelación de la representación del INSS; con un poco de suerte y sin exagerar u ápice, estos niños podrán volverán a comer en el 2014.

No sé si este tipo de entradas pueden molestar a alguien. Pero entiendo que como abogado laboral no puedo rehusar mi obligación de denuncia. Está claro que ningún partido político va a invertir un euro en Justicia. Si bien, con una somera lectura de las demandas mejoraría mucho la cosa, dándose prioridad a los casos más sangrantes.

"El problema está en fase administrativa,", me han dicho alguna vez. Pero lo cierto es que los unos o los otros convierten la profesión que adoro, a veces, sólo a veces, en una verdadera bazofia.

Estos niños sin rostro, son los verdaderos pagadores de esta crisis. Los llamo así porque parece que si evitamos ver su cara, su dolor, no tenemos por qué rasgarnos las vestiduras.

Y su existencia es mediata. Están aquí, en Güimar. No es la típica foto del niño hambriento en Somalia que nos ponen tendenciosamente en la tele a la hora de comer, ya que en otro momento sería un intento inane, todo sea dicho.

¿Y saben una cosa? No entrarán a Sala cuando el juicio tenga lugar, un año de estos, por ser menores. El juez así continuará sin verlos, sin conocerlos. No se sentirá condicionado por el sufrimiento infantil, de suerte que una sentencia tan independiente como infalible está garantizada.