Al ministro de Justicia todo cuanto se le ocurre para
mejorar nuestra Justicia es imponer unas tasas que disuadan de emprender
acciones legales o en otro caso contribuyan al mantenimiento de un sistema
absolutamente deficitario.
Gallardón se ha afanado en incrementar los recursos
necesarios para costear el macro desastre judicial, en lugar de introducir
medidas que contribuyan a hacerlo más eficiente.
Al final voy a tener que acabar dando la razón a quienes
afirman que "el problema no se soluciona porque no interesa hacerlo,".
Ciertamente, en algo que funciona tan sumamente mal,
cualquier modificación acertada que se introduce arroja resultados positivos. Y el coste
es tan sólo un poco de lógica.
Tenemos ejemplos muy recientes, como la creación de un
sistema de notificaciones común, que vio la luz después que cinco notificadores
de cinco juzgados diferentes de Madrid, se encontrasen en el rellano, a la puerta de un mismo
deudor en la calle Serrano, en pleno barrio de
Salamanca. Fue la clara constatación de estar despilfarrando recursos a
raudales.
En el ámbito social, recientemente se posibilitó el acumular
en una misma demanda las acciones de despido y cantidad. Era lo más lógico,
toda vez que las deudas evidentemente nacen de la relación laboral.
Automáticamente los pleitos bajaron significativamente.
En las ejecuciones se ha firmado recientemente un acuerdo
entre el Consejo General del Poder Judicial y diferentes entidades bancarias
que permiten el embargo directo de las posiciones del ejecutado.
Como estas medidas se podrían introducir cientos, sin
exagerar. Bastaría la ubicación de un simple buzón de sugerencias en cada sede
judicial, de forma que todos los implicados (procuradores, abogados, jueces,
fiscales, agentes,..), pudieran aportar su particular contribución.
Una vez se ha adoptado una medida sin contar con los que
mejor conocen la problemática en sí. Con quienes la padecemos a diario.
Como abogado me voy a permitir aquí una aportación
particular “a bote pronto,”, aunque se
me ocurren muchas más: en el orden social se ha creado la posibilidad de
reclamar cantidades mediante el procedimiento monitorio, de manera que de no
existir oposición ni pago por el deudor en el plazo de 10 días, se puede
despachar automáticamente ejecución. Es una posibilidad muy atractiva, toda vez
que si se opta por el procedimiento ordinario la fijación de la vista puede
tener lugar literalmente a años vista. Ahora bien, no se exime al trabajador de
interponer la preceptiva demanda de conciliación ante el SEMAC, lo que demorará
el procedimiento entorno a un par de meses de forma innecesaria. Sobre todo
teniendo en cuenta que previsiblemente se estarán reclamando salarios adeudados.
Estamos hablando de medidas activas, por llamarlas de alguna
manera, pero también habrá que adoptar medidas negativas. Y es que aceptando
que la Justicia
sólo es mejorable mediante el “ensayo de prueba y error,”, habrá que retroceder
las medidas adoptadas que se hayan denotado contraproducentes.
En este sentido, el haber pretendido descargar sobre los
secretarios judiciales las decisiones a adoptar sobre la tramitación del
proceso, no merece otra calificación que la de fiasco.
Cada uno de ellos tiene diferentes criterios sobre
cuestiones idénticas. Y lo que es más grave, difieren del propio juez, quién
conocerá del oportuno recurso de reposición contra sus decisiones.
Ello ha supuesto que se multipliquen las situaciones
controvertidas, recursos de revisión y reposición, traslados de escritos,
saturación documental de los tramitadores y por qué no, también mental de los
abogados, que literalmente desquiciados, dedicamos una parte muy importante de nuestro tiempo a abordar
estos entuertos creados <<ex
novo>>.
Otro asunto es el tema político. Esto es, el afán de nuestros
representantes por obtener réditos con cargo al sistema judicial. Hablamos por
ejemplo de la puesta a disposición de la víctima de violencia de género de un
abogado adscrito a un turno específico de oficio que vele por sus intereses.
Figura que es del todo innecesaria, ya que esa labor corresponde por su propia
naturaleza al Ministerio Fiscal, quien de hecho la desarrolla en todo caso con
el mismo esfuerzo.
Por último quiero hablar de la mediación y del arbitraje,
figura que presentada como la posible panacea nunca ha sido dotada realmente de
contenido.
Los desarrollos normativos habidos únicamente han servido
para generar una auténtica mafia en torno a determinadas organizaciones que
pretendiendo revestirse de carácter institucional, en la realidad sólo sirven a
los intereses creados por las grandes compañías, que obligan a someter a
su criterio toda controversia que puedan surgir en su relación con el cliente.
Sumisión obligada en base a claúsulas contractuales no negociables.
La idea debe ser popularizar la mediación y el arbitraje;
“llevarlo a pie de calle,”. Y al efecto no olvidemos que todos los abogados en
ejercicio hemos jurado la
Constitución así como hacer valer la
Ley. Quizá si se nos encomendase la misión,
podríamos descargar a los tribunales de la carga que ocasionan los
procedimientos de menor cuantía.
Humildes sugerencias todas ellas formuladas en aras de mejorar la eficiencia de la Justicia, de hacerla verdaderamente justa y ágil, que no de buscar "quien siga pagando la fiesta,".