Existe un malvado “latinajo”; una muy desafortunada creación jurisprudencial, conocida como la culpa “in eligendo”, cuya consecuencia inmediata supone la condena del empresario siempre que se produzca con la actividad un daño o perjuicio a terceros, siendo el causante un empleado a su cargo, normalmente técnico (entendido en sentido amplio como el especialista en una área).
Para el letrado que suscribe, fiel paladín legal de todo empresario que me confíe sus intereses y merezca mi defensa, y a la vez católico y practicante cuando me acuerdo; su invocación me resulta equivalente a la del anticristo.
La técnica se compra. Abogados, economistas, asesores y profesionales liberales de toda índole son susceptibles de contratación. Su conocimiento y desempeño se obtienen a cambio de una remuneración, aunque ello no garantice el acierto. No ocurre lo mismo con el afán emprendedor, cuyo éxito necesita de grandes dosis de intuición y de innovación.
Paradójicamente, cuando un técnico crea una empresa basándose en la seguridad que le otorgan sus conocimientos sobre la actividad que viene desarrollando como tal, suele fracasar. No es capaz de abstraerse de sus propias convicciones ni de los estándares que conoce. Carece de recursos para reinventar el negocio aportando novedades a la oferta existente. Por el contrario, emprendedores sin conocimiento previo alguno del sector en el que irrumpen, se ven coronados por el éxito.
El empresario debe ser simplemente factor aglutinador y coordinador de un amplio elenco de recursos aplicados a la cadena de producción. No se le puede exigir que domine todas las áreas. Ni siquiera que dedique a cada una de ellas más del tiempo estrictamente necesario. Es quien debe gerenciar, y se ve obligado a delegar. No tiene tiempo de rezar una novena a “San Eligendo”, cada vez que contrata a un nuevo profesional. Tampoco debería tener, la necesidad.
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