¿Hay que endurecer las penas para casos como el de Marta del Castillo?

El viernes pasado se hacía pública la sentencia Marta del Castillo. Pronunciamiento sobre el cual hace escasos minutos Radio Castilla-La Mancha, me pedía una valoración personal, preguntándome en particular sobre si soy partidario de endurecer las penas para ese tipo de delitos.

Mi humilde respuesta ha sido meridianamente clara: creo que no. Considero demasiado imprecisa la pregunta, al tiempo que se me hace difícil imaginar que ese tipo de crueldades puedan llegar a ocupar nuestro día a día.

Evidentemente cuando ocurren tornan en desconcierto a nuestro ordenamiento y por ende a nuestra sociedad, la que a sí misma se da las leyes. Pero siempre será así. Si un individuo tiene tal grado de deshumanización y tan alterada su capacidad de discernir la gravedad de sus actuaciones, nunca tendremos respuesta suficiente.

Hay que acompañar a la familia en su dolor, claro que sí. Pero no plegar ante presiones mediáticas buscando a ciegas un resarcimiento que nunca van a encontrar.

Nuestro ordenamiento penal se basa en la resocialización del reo y en fundamentos humanitarios. Los más rigurosos calificarán a la población penal como desechos sociales, pero en cualquier caso no dejan de ser nuestros desechos, y tenemos una responsabilidad para con ellos.

El énfasis hay que ponerlo en la prevención y en la educación, aunque suene a tópico. Rara vez un delincuente de este calibre es un delincuente primario. Y si lo es, la capacidad de impedir el injusto es del todo imposible.

Ahora bien, en la mayoría de los casos existen indicadores previos, más aún cuando hablamos de menores o de adultos en edades cercanas a la mayoría de edad. Son individuos con frecuentes “flirteos,” con lo ilegal, que desde temprana edad pierden el horizonte que divide lo correcto de lo incorrecto. A mí me ocupan frecuentemente asuntos de menores, y puedo decir que en no pocos casos soy consciente que al chico/a le espera un reseñable porvenir delictivo. Puedo diferenciar perfectamente entre quien ha cometido un error fruto de la inmadurez y quien supone hablar de "palabras mayores,".

Es entonces cuando debemos actuar, y ciertamente el sistema de responsabilidad penal de los menores no es el más adecuado. Trata de igual forma delitos graves y menos graves, dejando gran libertad al juzgador en aplicación de la pena (aunque ninguna verdaderamente efectiva entre las que puede elegir). Los juicios personalmente no los entiendo como tales, ya que en ellos todos, abogado, fiscal, asistente social y juez “empujamos,” en favor del menor, en pro de su reeducación y socialización.

Adicionalmente le comentaba a mi entrevistador, que me indignó enormemente ver en televisión cómo mis compañeros de profesión, los letrados de los imputados del caso Marta del Castillo, eran increpados al llegar a la Corte.

Los abogados hacemos nuestro trabajo. Formamos parte de un sistema integrado por otros actores (fiscal, acusaciones y jueces), del cual se supone debe salir a modo de sentencia la solución más justa, o menos injusta, como se quiera ver.

Será así hasta que se invente una supercomputadora que adivine los hechos y automáticamente dicte sentencias (recuerdo como la futurista película “Minority Report,” me erizaba).

La misma presión mediática se ejerce ahora para demandar una modificación legislativa basada en el rencor. En busca de una respuesta que la sociedad no tiene para dar a modo de pena punitiva. El delito al que hemos asistido es demasiado inhumano; nos sobrepasa.

Si ha habido imputados absueltos no es sino porque no ha sido posible encontrar pruebas que los incriminen. Ni siquiera presunciones. Lo cual era complicado, tratándose de un juicio tan mediático, donde cualquier matiz era enfatizado por todos los medios de comunicación.

La Audiencia Provincial de Sevilla no ha dejado de observar el principio de “presunción de inocencia,”, por ser éste el máximo inspirador de nuestro sistema penal, el que la propia sociedad ha querido darse.

No soy capaz de imaginar otro sistema punitivo, en el que la policía para investigar un delito pueda torturar a los detenidos. Donde los abogados defensores no tengamos cabida. Donde se condene sin pruebas a un imputado al sólo efecto de conceder a los familiares de las víctimas una pretendida satisfacción. Eso no sería bueno para nadie, créanme.

Es bueno que determinados delitos como el de Marta del Castillo nos sobrepasen, nos escandalicen. Es muestra que nuestra sociedad avanza en sus valores. No permitamos que el árbol nos impida ver el bosque. Congratulémonos por tener una superioridad moral y ética respecto a ese tipo de delincuente inhumano. Por no ser iguales a él, hablando claro.

Y por supuesto, respetemos las sentencias; creamos en nuestro sistema, que a riesgo de ser repetitivo, de él nos hemos dotado. Está fuera de lugar por ejemplo, que la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, considere "lógico," que la sentencia del caso Marta del Castillo haya generado "contestación," social, pues se trata de un asunto "que ha causado mucho dolor al conjunto de la sociedad andaluza y a su familia en concreto,".

“Moreno ha querido trasladar toda su solidaridad a la familia de la joven,”. ¿Y los magistrados de la Audiencia Provincial no? ¿O los abogados defensores?, algunos de los cuales lo eran por Turno de Oficio, todo sea dicho, y por unos escasos 300 euros tienen no sólo que asumir un trabajo desproporcionado, también que les increpen continuamente. Es obligado hacer saber que ese abogado no tiene capacidad para renunciar al caso. Y los particulares si tienen entereza para hacerlo, deben ser respetados en su ejercicio profesional.

“Quien la Justicia reparte, no puede ser juez y parte,”.