Rajoy y la enésima reforma laboral

Con prórroga o sin ella, presumible el nuevo fracaso del diálogo social respecto a la aparentemente necesaria nueva reforma laboral, los abogados laboralistas volvemos a temblar.

Las reformas laborales son una respuesta habitual en España a las crisis económicas. Una y otra vez se insiste con una medida, aparentemente infalible para crear empleo, que ya ha fracasado en otras ocasiones. Todo ello, a pesar de que la repetición de tales crisis y el inhabitual incremento del paro que provocan - mucho mayor que en otros Estados miembros de la UE que sufren caídas del PIB similares o mayores a las de España- indican que lo que existe es un problema estructural de la economía.

Y así ocurrirá por enésima vez: la reforma laboral impuesta por la vía expeditiva del Decreto-Ley no contribuirá a crear empleos, ni reducirá la dualidad en el mercado de trabajo, ni pondrá freno a la elevadísima temporalidad del mercado de trabajo. Únicamente abarata y facilita el despido, en detrimento del consumo.

La grave crisis que afecta a España ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio en el modelo productivo. Necesitamos una economía competitiva con una base industrial y tecnológica mucho más fuerte y ello sólo se consigue mejorando el sistema educativo, la formación profesional, la inversión en I+D+i, la infraestructura de comunicación y transportes, las TIC, etc. Todos los países europeos, a los que le va mucho mejor que a nosotros en esta emergencia, destacan en estos aspectos. ¿Quién puede creer que con un despido más barato vamos a tener una economía más avanzada tecnológicamente? Los abogados laborales tenemos claro que no.

    Dicen los estudiosos que en Alemania cuando se cierra una empresa se desconectan diez máquinas y se despide a una persona. En España, se desconecta una máquina y se despide a diez personas. Somos un país intensivo en mano de obra.

    Ello tiene sus raíces en nuestra naturaleza como ofertante de Servicios. Si bien hoy por hoy, dicho modelo debe ser complementado.

El mundo entero se ha visto abatido por fuertes desequilibrios financieros en los últimos años, y las previsiones, por lo menos para España, no vaticinan una recuperación cercana y segura. Entre otras cosas, se ha reducido la tasa de creación de empleo, el paro ha aumentado extraordinariamente, la participación de los asalariados en la renta nacional se ha visto mermada, los servicios son cada vez más costosos y, por si fuera poco, la población está estancada como consecuencia de una esperanza de vida cada vez más alta (con el correlativo aumento de las personas dependientes) y una bajada del índice de natalidad. Factores, todos ellos, que unidos a una crisis financiera global nos sitúan en un entorno poco alentador. De ahí que los gobiernos vean la necesidad de tomar cartas en el asunto y de adoptar medidas que, aun no siendo socialmente bien recibidas, esperan que puedan fomentar una mejora y traer consigo algo de esperanza para la sostenibilidad de nuestro sistema público.

    Sin embargo yerran con la “medicina,”. De nada servirá una nueva reforma laboral impuesta por “decretazo,”. El Ejecutivo debe centrar sus esfuerzos en la reforma financiera, en la apertura del grifo crediticio.

    Los empresarios invierten cuando consideran que de su negocio pueden obtener réditos suficientes para devolver el capital prestado, pagar gastos y que les quede algún beneficio. En modo alguno piensan a la hora de contratar en el coste del despido. Se contrata porque hace falta personal. Si no existe esta necesidad, no se contrata.

    De otra parte, los salarios están bajando. Eso es una realidad. Y el descuelgue de las PYMES respecto a los convenios a la hora de negociar las subidas anuales, parece ser una aspiración irrenunciable.

    Es de “perogrullo,” darse cuenta que no pueden bajarse los salarios reales y al tiempo disminuir la seguridad del trabajador en el puesto de trabajo, rebajando la indemnización que le correspondería en caso de despido.

    La mezcla de ambas acciones depara una caída drástica del consumo interno, factor que hoy por hoy nos atenaza.

    Evidentemente, si se gana menos y encima al quedarse en la calle el trabajador percibe una indemnización menor con la que hacer frente a sus gastos mientras encuentra un nuevo empleo, evidentemente no gasta.

    Mi percepción personal sobre Rajoy es la de un líder con una gran aversión al riesgo. Por este motivo no creo que se aventure en reformas que conlleven un elevado coste social o detonen huelgas generales.

    De otra parte, una cosa es que los sindicatos no puedan claudicar públicamente ante una rebaja del despido, y otra bien distinta que una vez acordado no descarguen su furia con tal medida.

    Quiero decir con esto que o mucho me equivoco, o la simplificación de contratos anunciada por los populares no desembocará en otra cosa que un contrato único con 33 días de indemnización improcedente, tal y como en su dí aprobó Aznar para el fomento de la contratación indefinida. Medida frente a la cual los sindicatos en aquel momento no se rebelaron, de suerte que no será ahora cuando lo hagan, con un escenario mucho más complejo.

    Me llamó la atención una afirmación de Anasagásti (PNV), que siendo entrevistado por Évola manifestaba: <<Rajoy no es Aznar. No es tan trabajador como Aznar>>.

    Si no lo es, para compensar deberá delegar mucho en su Consejo de Ministros. Y lo cierto es que al menos de inicio, parece que así será. El problema de parcelar el Gobierno es no saber priorizar. Y hoy por hoy, lo único que puede sacarnos de la crisis es que el crédito vuelva a correr, por lo que la prioridad número uno debe ser la reforma financiera. El resto es secundario y si me lo permiten desde mi perspectiva de abogado laboralista, superfluo e ineficaz.